Del Acuerdo de Oslo a la pandemia de coronavirus. ¿Cómo es el acceso a la salud en los Territorios Palestinos y cuáles son las responsabilidades de Israel?
A lo largo de la historia, las crisis han sido buenas compañeras de la evolución. Citando a Leon Trotsky en Report on the Communist International (1922), “la guerra es la locomotora de la historia”: eventos o desarrollos que tardarían años en situaciones normales, en época de crisis o conflicto suelen acelerarse.
La COVID-19 movilizó los espacios más recónditos de la vida. En perspectiva, se puede asegurar que vino a acelerar procesos que ya venían gestándose tras bambalinas: precipitó desarrollos tecnológicos, quiebres comerciales y el acceso a la información, así como el avance de las fake news y la posverdad, la conciencia ciudadana y el auge de los movimientos antivacunas. La anarquía del sistema internacional se vio más desnuda que nunca: proteccionismos y alianzas que pendían de un hilo se encontraron completamente deshechas; Estados que hasta el internacionalista más preparado catalogaba como “fuertes”, en jaque; una crisis sanitaria sin precedentes en el siglo XXI; y una comunidad internacional que no estuvo a la altura de los desafíos que se presentaron.
Vale la pena enfocarse en uno en particular. Este maavák (“conflicto” en hebreo) histórico es de los más enquistados y divisorios. Nació en otro siglo, pero se mantiene vigente hasta hoy (genuinamente vigente: es noticia por lo menos una vez por semana). En esta pugna, no es tan fácil identificar quiénes son los “buenos” y quiénes, los “malos”. La reyerta comienza por discusiones religiosas y se termina manchando con intereses económicos y guerra por la obtención de recursos naturales. En las regiones de Israel, Palestina y los Territorios Ocupados, la distribución y el acceso a la vacuna tiene el antecedente histórico de su relación y la longeva disputa por la soberanía que lleva adelante el pueblo palestino.
Hace dos meses, Israel volvió a la vieja normalidad: el Gobierno dispuso que ya no sería obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos. Esta región se volvió un faro mundial en la vacunación contra la COVID-19, con el 61,72% de su población vacunada y la implementación del green pass – el pasaporte sanitario digital. Pero los palestinos no corren con la misma suerte: el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Riyad Al Maliki, resaltó en enero que “la potencia ocupante no facilitó ninguna vacuna al pueblo palestino ocupado hasta ahora, negando su obligación de hacerlo". Según la OMS, 340.252 palestinos residentes en los TPO dieron positivo en los testeos de COVID. La Franja de Gaza es la zona más afectada y la pandemia se cobró 3.785 vidas desde el primer caso detectado en marzo de 2020.
Porcentaje de la población que ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 al 7 de junio de 2021. Cifra acumulada y relativa a la población. Fuente: Our World in Data.
La voz de la comunidad internacional
En cuanto a las organizaciones interiorizadas en este conflicto, varias se expresaron a favor de Palestina y solicitaron que Israel se haga cargo de la provisión de vacunas. Amnistía Internacional emitió un comunicado donde acusa a Israel de rea
lizar una “discriminación institucionalizada” hacia la población palestina: la acusa de “potencia ocupante” que evade sus “obligaciones internacionales” y declara que debería “garantizar el suministro igualitario y justo de las vacunas contra la COVID-19 a la población palestina sometida a su ocupación en Cisjordania y la Franja de Gaza”. En la misma sintonía, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) junta firmas en su página web para solicitar que se levante de forma urgente el bloqueo impuesto por el Gobierno israelí en Gaza y así enviar suministros médicos a fin de hacer frente a la pandemia.
El encargado de los asuntos de Israel y Palestin
a en Human Rights Watch, Omar Shakir, dijo que “todos los que habitan el mismo territorio deben tener el mismo acceso a la vacuna, sin importar su etnia”. B'Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, manifestó que Israel impuso restricciones presupuestarias a lo largo del tiempo que limitan la capacidad de Palestina de comprar y distribuir vacunas a sus ciudadanos. Termina aclarando que Israel debería encargarse de proveer los fondos necesarios, haciendo énfasis en que es una obligación legal. El nuevo coordinador de la ONU para Medio Oriente, Tor Wennesland, pidió a Israel que facilite la vacunación de los palestinos contra la C
OVID-19. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) redactó un informe donde cataloga de “apartheid sanitario” el hecho de que los palestinos de Gaza y Cisjordania sigan sin ser inmunizados frente a los “colonos de asentamientos ilegales” que sí se encuentran contemplados dentro del plan de vacunación.
Intervenciones artísticas de Banksy en el muro de Cisjordania.
El acceso a la salud: un camino con obstáculos
Pero las presiones internacionales no son novedad para el Estado de Israel. Physicians for Human Rights (PFHR) creó en 2015 el documento Divide & Conquer: Inequality in Health, enfocado en la desigualdad en el acceso a la salud entre ciudadanos de Israel y palestinos. El promedio de expectativa de vida entre palestinos residiendo en los TPO ya era de nueve años menos que la de los residentes en Israel (73,9 años contra 82,8). El plan de vacunación palestino es más acotado que el israelí: hay muchas vacunas que se dan en Israel y no en los TPO, como la vacuna de la hepatitis A, de la varicela o de la neumonía, por lo que los residentes palestinos corren en desventaja en términos de inmunidad previa. Esta ONG, ya en aquel año, declaraba que Israel ejerce mecanismos de control sobre Palestina que evitan que ésta acceda a un servicio de salud eficiente para los residentes de los TPO tales como el bloqueo de la libre circulación de pacientes entre la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.
En 2009, en la 32° sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente a cargo declaró: “Nosotros, aquí en la Sede de las Naciones Unidas, hemos permanecido pasivos demasiado tiempo mientras la masacre continúa”. Se respaldó en la Convención de Ginebra para responsabilizar a Israel por no proporcionar a la población ocupada “seguridad, así como alimentos, agua, educación y libertad de religión”, asegurando que “no es menos importante que su obligación de proteger a sus propios ciudadanos, e incluso podría decirse que lo es más”.
Como bien señalaron las campañas a favor del lavado de manos, el acceso al agua en pandemia no es un dato menor, pero las principales fuentes de agua en Cisjordania están bajo control israelí. La potencia ocupante también imposibilita la creación de infraestructura acuífera en el Área C, negando sistemáticamente los permisos de construcción sobre esa zona. La C es una de las tres áreas en las que los Acuerdos de Oslo de 1993 dividieron a Cisjordania: alberga al 60% del pueblo palestino.
Mucho antes de que el mundo ingresara en esta crisis sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, en su 60° Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 2007, expresaba preocupación por la situación sanitaria en el territorio palestino ocupado y hablaba de una “crisis humanitaria resultante de la continua ocupación y las graves restricciones impuestas por Israel, la potencia ocupante”. Asimismo, reconocía que las restricciones generan “grave escasez de recursos financieros y médicos en el Ministerio de Salud palestino” y eso “pone en peligro el acceso de la población palestina a los servicios curativos y preventivos”. La imposibilidad de prevenir los sitúa en desventaja frente a situaciones como la que se vive hoy.
El rol de potencia ocupante y la responsabilidad de Israel
La ocupación y el conflicto no son la única constante en esta historia: siempre que recibió acusaciones de este tipo, Israel se refugió en el Acuerdo de Oslo firmado entre su Gobierno y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) entre 1993 y 1995; un acuerdo que demostró ser un fracaso a lo largo del tiempo. Israel, al permanecer como potencia ocupante, mantiene obligaciones que se enmarcan en el derecho internacional humanitario. Este Acuerdo también le otorga responsabilidad a Palestina respecto a sus residentes, pero su capacidad de negociación, manejo del presupuesto y autoridad son limitados debido a bloqueos provenientes del gobierno israelí.
Israel continúa con plena ocupación sobre el Área C. Bajo lo estipulado en el Cuarto Convenio de Ginebra, esto lo vuelve responsable del bienestar de la población que sufre sus invasiones: según el artículo 55, tiene la obligación de “abastecer a la población en víveres y productos médicos cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado”. Además, aclara la imposibilidad de implementar bloqueos o requisas de suministros de los territorios ocupados. En el artículo 56, que habla de la higiene y la salud pública, se aclara que la potencia ocupante “tiene el deber de asegurar y mantener los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado” y también debe aplicar “las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias”.
En el artículo 59, donde se habla de socorros colectivos, se describe que “cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté insuficientemente abastecida, la potencia ocupante aceptará las acciones de socorro en favor de dicha población, facilitándolas en toda la medida de sus medios.”. El libre paso de envíos no se cumple debido a los famosos checkpoints donde se retiene a población civil, medicamentos, insumos y ambulancias, y que causaron que muera gente en la frontera esperando atención médica de calidad. La protección tampoco está garantizada, a causa de los robos y la violencia diaria.
En 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entró en vigor el 3 de enero de 1976 y fue ratificado por Israel en 1991. Los Estados firmantes se comprometieron a reconocer y asegurar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, según el artículo 12. También deben crear las condiciones que aseguren asistencia médica a todos en caso de enfermedad y trabajar para prevenir y luchar contra “las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole”.
Un futuro incierto
Citando a la Asamblea General de la ONU, “lejos de garantizar el pleno goce de los derechos humanos del pueblo palestino, Israel ha violado sistemáticamente sus derechos más básicos y ha transgredido así el derecho internacional humanitario”. Sin embargo, parece que el sistema internacional no lo culpa, sino que lo premia.
Los Acuerdos de Paz anunciados por Donald Trump a principios de 2020 reconocían a Palestina como estado, pero solo si se adecuaba a ciertas reglas: declarar a Jerusalén como “capital inamovible” de Israel (a pesar de que ya había reconocido a esta ciudad como capital de Israel en 2017) y certificar la soberanía de la potencia ocupante sobre los territorios ocupados de Cisjordania. El plan de anexión preveía que los palestinos implementen un sistema de gobierno, establezcan instituciones financieras estables y un sistema de leyes con derechos y obligaciones garantizados. Si Palestina aceptaba este acuerdo y se ajustaba a las demandas, Estados Unidos se comprometía a brindar un amplio apoyo financiero. Se le pedía a Palestina la desmilitarización y el desarme de las facciones que habitan Gaza, tales como el grupo Hamas, así como la interrupción total de las acciones contra Israel, a quien, además, se le cedía el control sobre la seguridad de las fronteras con Palestina. Bajo este trato, la UNRWA desaparecería junto con el estatus de “refugiado palestino”. El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que este acuerdo “anula la legitimidad de los derechos palestinos de autodeterminación, libertad e independencia de su propio Estado”.
Las organizaciones, al no tener la posibilidad de aplicar ningún tipo de enforcement, emiten comunicados que no pasan al plano de la acción. Al mismo tiempo, la UNRWA declara desde 2018 que su presupuesto es insuficiente por falta de compromiso de los estados, crisis que se acentuó con la llegada de la pandemia. La pregunta que habría que hacerse es por qué los Estados recortan los fondos destinados al multilateralismo como primera medida cuando están en crisis.
Una respuesta podría ser que las crisis acrecientan el nacionalismo, el proteccionismo, la antipatía hacia personas migrantes, y el escepticismo sobre la legitimidad y efectividad de las instituciones internacionales. También existe lo que las investigadoras Von Borzyskowski y Vabulas llaman el “efecto contagio”: cuando un estado importante decide abandonar un organismo internacional, es muy probable que otros estados tomen la misma decisión y decidan quitar apoyo para no cargar con el gasto que esa organización conlleva. Lo mismo sucede cuando las preferencias de un estado difieren de las prioridades del organismo internacional.
Esta podría ser otra hipótesis: la UNRWA fue pensada como un paliativo temporal, pero se vio obligada a extender su mandato hasta 2023, una decisión que fue vista con buenos ojos por gran parte de la comunidad internacional. Estados Unidos, con su clara postura a favor de Israel, pudo haber generado una baja de apoyo general al organismo.
Es imperante la cooperación entre estados para asegurar la completa inmunidad de ambas poblaciones. Solucionar el conflicto es importante, pero vacunar en este contexto es urgente y excede el discurso de quién tiene la responsabilidad: es terreno de los derechos humanos. Israel mantiene control total sobre el Área C, hecho que lo compromete a encabezar la distribución de vacunas en esa zona. Pero, no menos importante, debería hacerse cargo de la accesibilidad de los TPO a insumos médicos, ya que es el responsable casi total del debilitamiento de su sistema sanitario. Hoy, Palestina es incapaz de negociar la compra de vacunas sin apoyo internacional. No solo se encuentra en desventaja en términos de salud: según el dato más actualizado que arroja el sitio oficial de World Bank, el PBI de Cisjordania y Gaza en 2018 fue de 16,277 mil millones de dólares; en el mismo período en Israel, fue de 370,588 mil millones.
En la Asamblea General de Naciones Unidas de 2009, el presidente dijo: “Cuando una potencia ocupante no cumple con la obligación [de proveer seguridad, suministros, entre otros elementos], recae en el conjunto de la comunidad internacional, representada aquí en las Naciones Unidas, el deber de proporcionar esa protección”. Once años después, no solo el conflicto no cesó, sino que las partes se enfrentan a un enemigo externo que acecha a ambas comunidades
por igual, una con mayores beneficios que la otra. Eso obliga a pensar en el rol de la comunidad internacional y su incapacidad de aplicar penas sobre las promesas incumplidas: la impunidad israelí al ratificar tratados y luego desentenderse de sus obligaciones es solo un ejemplo.